México se encuentra ante una de las encrucijadas más trascendentales de su historia económica y energética moderna. Rara vez convergen tantas fuerzas transformadoras al unísono: una profunda reestructuración institucional, tensiones geopolíticas globales, el realineamiento de las cadenas de suministro y la irrupción tecnológica. A esto se suma la aceleración de la transición energética y un incremento sin precedentes en la demanda industrial. En medio de este torbellino, un elemento destaca por encima de los demás para determinar si el país podrá capitalizar las oportunidades o si quedará atado de manos por sus vulnerabilidades estructurales: el gas natural.
El motor industrial y la paradoja de la dependencia
El gas natural no es simplemente un combustible más; es el cimiento sobre el que se erige la base industrial mexicana. Funciona como el motor de la generación eléctrica, es el insumo indispensable para sectores manufactureros clave y representa el pilar oculto de la competitividad del nearshoring. Sin embargo, esta fortaleza es también nuestra mayor debilidad estratégica. México importa más del 70% de su gas natural desde Estados Unidos, una de las tasas de dependencia energética más altas del mundo para una economía de estas dimensiones.
Esta relación comercial es una espada de doble filo. Por un lado, la producción de shale en Estados Unidos, prolífica y eficiente en costos, ha permitido que México mantenga una estructura de costos energéticos industriales altamente competitiva. El flujo abundante a través de los gasoductos ha impulsado el auge de sectores como el automotriz, el acero, el aeroespacial y la electrónica, integrando al país en las cadenas de valor de Norteamérica. No obstante, la dependencia absoluta nos coloca en una posición frágil. La tormenta invernal de febrero de 2021 permanece como un recordatorio brutal de lo que sucede cuando el clima, la logística y las prioridades políticas chocan; al depender de hubs como Waha en Texas, la seguridad energética nacional pende de un hilo ante eventualidades externas.
Reingeniería institucional y certidumbre jurídica
Ante este panorama, el país está entrando en una nueva era de reordenamiento. La creación de la Comisión Nacional de Energía y la promulgación de la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos marcan un intento ambicioso por recalibrar la arquitectura del sector. Estas reformas buscan corregir vicios largamente señalados por expertos: duplicidad de mandatos, procesos regulatorios inconsistentes y una falta de alineación con los objetivos de desarrollo nacional. El objetivo teórico es consolidar la planeación a largo plazo y ofrecer certidumbre tanto a la inversión pública como a la privada.
Si esta reingeniería se ejecuta con eficacia, podría anclar la estrategia energética de México para las próximas dos décadas y consolidar su liderazgo en la región. Pero si la implementación falla, o si las instituciones son capturadas por la fragmentación política y la burocracia, las reformas solo exacerbarán la incertidumbre y frenarán el despliegue de infraestructura crítica. Los próximos dos años no solo definirán flujos de suministro o precios, sino los contornos del papel de México dentro de Norteamérica.
El lastre financiero de la petrolera estatal
Sin embargo, cualquier análisis del futuro energético estaría incompleto sin abordar la situación crítica de Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa productiva del Estado enfrenta serias dificultades para atraer socios privados que ayuden a impulsar la producción de crudo, principalmente debido al temor de impagos. Pemex ostenta el lamentable título de la compañía más endeudada del mundo; tan solo en septiembre, sus adeudos con cientos de proveedores ascendían a 28,000 millones de dólares.
La problemática va más allá de la deuda financiera. La producción petrolera ha caído durante la última década y, paradójicamente, la empresa ha operado con pérdidas incluso en periodos donde los precios internacionales del crudo han sido altos y las petroleras privadas han reportado ganancias significativas. Pese a los esfuerzos del sexenio anterior y del expresidente López Obrador por favorecer a la estatal y limitar la competencia privada, Pemex apenas se mantiene a flote.
Un momento de definición política
Analistas como James Bosworth han señalado que, a pesar del nacionalismo energético y los intentos por manipular el mercado a favor de la empresa estatal, Pemex no ha logrado recuperarse como lo hacen otras petroleras nacionales que sí generan utilidades para sus países. Ahora, la incógnita recae sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Queda por ver si su gobierno podrá revertir esta tendencia negativa y sanear las finanzas de la petrolera sin descuidar la seguridad energética del gas natural. Este es un momento decisivo que exige claridad, urgencia y un liderazgo capaz de mirar más allá de la coyuntura inmediata para asegurar el desarrollo industrial de México.
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