A que las acciones que promueve el Gobierno Federal para
encontrar con vida a las personas desaparecidas en México garanticen resultados
positivos al corto plazo, exhortó la coordinadora del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del
Estado, Araceli Saucedo Reyes.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas y la puesta en marcha de acciones por el Presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, la legisladora coincidió en que la
búsqueda y la justicia, como seguridad de las y los mexicanos debe ser una
prioridad en la agenda nacional.
Recordó que las organizaciones y colectivos de familiares de
víctimas de desaparecidos, han encabezado los esfuerzos en la búsqueda de sus
seres queridos en el país, con la convicción de encontrarlos y que sea la
justicia el objetivo que se debe perseguir frente a la violación de derechos y
la ausencia.
No obstante, refirió que es apremiante que en cada acción y
caso de una víctima de desaparición, las autoridades no escatimen esfuerzos
para encontrar a quienes han sido privados de su libertad con vida y que se
castigue a los responsables de la privación de la libertad de las víctimas.
La desaparición forzada de personas constituye un delito de
lesa humanidad, por ello, debe ser perseguido y castigado, penalizando tanto a
sus autores materiales como a aquellos que lo ordenan.
“Los esfuerzos de las autoridades no pueden limitarse a la
atención de los resultados que genera este problema, sino a su combate de
fondo, debemos trabajar porque en nuestro país no haya margen ni permisibilidad
en la desaparición de personas”, subrayó.
La legisladora consideró que en nuestro país, es necesario
el acompañamiento efectivo en la búsqueda de desaparecidos, en donde las
autoridades no deleguen sus responsabilidades a las familias de las víctimas,
por ello, la importancia de legislar en la materia.
El combate a este fenómeno lacerante es responsabilidad
compartida, en donde autoridades federales, estatales y municipales deben
involucrarse plenamente en el camino ya laborado por las familias de las
víctimas.
Araceli Saucedo puntualizó que en un tema tan serio como
este, la federación no puede actuar vía discursos y actos protocolarios, pues
los resultados y la efectividad son condición indispensable para generar
certeza, sin demagogia.
El Estado Mexicano está obligado a promover y proteger el
ejercicio de los derechos humanos de la población, por lo que no se deben
escatimar esfuerzos en garantizar un entorno seguro para todos y combatir la
desaparición de personas.
México no puede eludir más la responsabilidad que tiene en torno a los miles de desaparecidos que se han venido acumulando en número año con año, y sobre los que se carece de un padrón integral que permita dar seguimiento a los casos.