En Michoacán resulta apremiante que exista un sólo frente en
contra de la delincuencia y que se garantice por la federación la coordinación
plena de la Guardia Nacional con los estados y municipios, a fin de asegurar
resultados efectivos y la seguridad y paz a la población, subrayó la diputada
integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso Local, Lucila Martínez
Manríquez.
Refirió que luego de que el Ejecutivo Estatal, Silvano
Aureoles Conejo planteará ante las autoridades federales, el que se defina el
esquema de coordinación, así como objetivos de la estrategia y se prioricen los
delitos a combatir, así como las líneas de mando y canales para el intercambio
de información operativa y de inteligencia, con la Guardia Nacional y las
entidades, es urgente que el Gobierno Federal se solidarice con las entidades
de la República y priorice la seguridad del pueblo mexicano.
Si bien en Michoacán las autoridades de seguridad están
haciendo lo que les corresponde, es impostergable que la autoridad federal
asuma de manera plena su responsabilidad en las tareas de seguridad, en las que
no puede dejar solos ni a la población ni a las autoridades estatales y
municipales.
Recordó que es
responsabilidad del Estado Mexicano garantizar la seguridad de la población,
por lo que se ocupa firmeza en las determinaciones que realice el gobierno
federal y destacó que se podrá avanzar siempre que se trabaje de manera
coordinada con las autoridades estatales y locales.
Lucila Martínez recordó que se dio el voto de confianza a la
Guardia Nacional con el interés de que se generen condiciones de seguridad,
progreso y paz para México, no obstante, los reportes en diversas entidades del
país demuestran que no se están haciendo las cosas bien y debe rectificarse el
camino.
Se pronunció por una política de seguridad humana de carácter integral, en la que todos los mexicanos tengan garantizado su derecho de vivir en un entorno seguro y libre de violencia, con condiciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de la población, en donde la federación se coordine con los estados y municipios, para dar resultados efectivos al combate a la delincuencia.