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PERMANENTE DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A PUEBLOS INDÍGENAS DE MICHOACÁN

POR: PÁVEL ULÍÁNOV GUZMÁN

COPANDARO
FOTO: NOTIVISION TV

En los últimos siete años, el Gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán, han recortado sistemática e irresponsablemente el presupuesto destinado para “el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas”, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 25 millones destinados para el 2020, lo que profundiza las condiciones de discriminación, pobreza y exclusión social de las comunidades originarias.

En síntesis, sin importar la filiación política del gobierno en turno, el Gobierno y Congreso de Michoacán, han cercenado un 80% el presupuesto dedicado a la atención de las comunidades originarias. A iniciativa del Gobernador, diputados de todos los partidos políticos, históricamente han aprobado presupuestos que van en detrimento de las comunidades indígenas.

En el devenir histórico, el presupuesto para el “desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas”, ya sea mediante la desaparecida Secretaría de los Pueblos Indígenas o la creada Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha padecido una reducción brutal, durante el año 2014, el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado de Michoacán, destinaron la cantidad de $114,043,717; en el 2015 el presupuesto fue de $108,852,089; para el 2016 el monto se redujo a $103,627,453; en el 2017 el capital disminuyó a $68,465,885; para el 2018, el presupuesto fue por la cantidad de $22,409,289; para el 2019, el capital se incrementó un poco, al total de $47,219,815 y finalmente para el 2020, se destinó el monto de $25,470,102 (Fuente: Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 y 2020).

En todos los años, el presupuesto reservado para atender las necesidades de las comunidades indígenas, no ha alcanzado ni siquiera el 0.3% del total del presupuesto asignado a las dependencias estatales, a todas luces es un capital miserable. Tan sólo como ejemplo, para el 2020, el capital de $ 25,470,102 representa el 0.03 % del total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que asciende al monto de $ 75,914,903,948, “incluso el zoológico contará con más presupuesto que la atención a comunidades y pueblos indígenas en Michoacán” con un presupuesto de 39,660,849 (Patricia Moreal / Para 2020 a la baja desarrollo rural y atención a migrantes e indígenas en Michoacán). Bajo este marco, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas mantiene un presupuesto que únicamente servirá para pagar una burocracia indígena sumisa y doblegada al gobernador en turno.

Estos presupuestos son altamente discriminatorios, deficientes e injustos con las comunidades originarias de Michoacán, porque no corresponden con el número de habitantes que hablan un idioma materno, mismos que ascendían en 2010 a la cantidad de 136 mil 608 personas, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán (Censo de Población y Vivienda 2010/INEGI). Es decir, de conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% de total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, esto en el menor de los casos y sin observar los criterios constitucionales de conciencia de identidad indígena, autoidentidad y autoadscripción, que elevarían a más de 600 mil a los habitantes de los pueblos indígenas.

La disminución del presupuesto para las comunidades originarias, inició con la administración de Fausto Vallejo Figueroa y se exacerbó con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en complicidad con la LXXII, LXXII y LXXIV Legislaturas, esto a pesar de que se mantiene una deuda histórica con las comunidades originarias, son los más discriminados entre los discriminados, los más excluidos entre los excluidos y los más pobres entre los pobres, según las propias fuentes oficiales, 7 de cada 10 indígenas se encuentran en la pobreza, lo que equivale a 8.3 millones de habitantes de los pueblos originarios en la marginación, de los cuales 3.2 millones, 28 % se encuentran en pobreza extrema con tres o más carencias sociales y sin capacidad económica de adquirir la canasta básica alimentaria. (CONEVAL / Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018). De igual forma, 8 de cada 10 viviendas en las que habita una persona de habla indígena mantiene rezago habitacional, 19.9% carece de servicios de agua dentro de la vivienda, 26,6% no cuenta con drenaje a la red pública, y el 13,9% mantienen vivienda con pisos de tierra (INEGI / Encuesta Intercensal 2015). En resumen, el Estado mexicano no ha contribuido cualitativamente a resolver los problemas estructurales de pobreza, exclusión y marginación en que viven millones de habitantes de los pueblos originarios.

En perspectiva, las políticas públicas del Estado mexicano para las comunidades originarias son insuficientes, discriminatorias, paternalistas y violatorias de derechos. Son insuficientes porque no corresponden con su número de habitantes, son discriminatorias porque se prioriza el desarrollo de las ciudades en detrimento de las comunidades, son paternalistas porque excluyen a la población indígena en la elaboración de las políticas públicas, y son violatorias de derechos porque no los consultan de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria sobre medidas administrativas o legislativas que les afectan.

En los hechos, más allá del lenguaje oficial, la disminución del presupuesto asignado para la atención de las comunidades originarias, demuestra una miopía social de los gobernantes y congresistas en turno, una total falta de visión, interés y apoyo para los pueblos originarios, toda vez que de ninguna manera, destinan los capitales suficientes para la atención y resolución de los ancestrales problemas de las comunidades originarias. En este sentido, el único camino que dejan a las comunidades indígenas, es la movilización social para exigir sus derechos y obtener reivindicaciones sociales.

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