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Quiroga

«NADA QUE FESTEJAR» CONSEJO SUPREMO INDÍGENA

AÑOS Y AÑOS DE RESISTENCIA VIVEN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SIN RESPUESTA

bandera purepecha
FOTO: NOTIVISION TV

El Consejo Supremo Indígena  de Michoacán, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 40 comunidades, entre ellas los pueblos de Santa Fe de la Laguna, Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Apo del Rosario, Capácuaro, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Jicalán, Tahuejo, Zopoco, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, San Andrés Tziróndaro, Jucutacato, Corupo, Angahuan, Carapan, Rancho Seco, Comachuén, Paracho, Santa Ana, Cheranástico, Naranja de Tapia, San Benito, San Antonio, Aranza, Tirindaro, Agua Verde, Quinceo, Tomendan, Nuevo Zirosto, Condembaro, La Tinaja, Urapicho, Turián Bajo, Santa Rosa, Arato, Pomacuarán, Ahuirán y Santa Catarina, por medio del presente manifestamos conjuntamente lo siguiente:

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo único que los pueblos originarios podemos celebrar, es la resistencia y lucha por la libre autodeterminación, el autogobierno y la autonomía, porque las políticas públicas hacia los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano continúan siendo insuficientes, paternalistas, discriminatorias y violatorias de derechos.

En México, según las propias cifras oficiales, 7 de cada 10 indígenas nos encontramos en la pobreza, el 13.4% de nuestros hogares tienen piso de tierra, el 25.5% de nuestras viviendas no mantienen drenaje y el 23% de nuestros hermanos hablantes de una lengua originaria no saben leer y escribir. 18 millones de indígenas sufrimos discriminación negativa debido a nuestro fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres.

Existe una gran deuda histórica con las comunidades y pueblos originarios, pese a ello, las políticas públicas para las comunidades originarias son insuficientes, paternalistas, discriminatorias y violatorias de derechos.

Son paternalistas, porque excluyen a la población indígena en la elaboración de las políticas públicas, sin orientarse a lo que establecen los tratados internacionales en materia indígena.

Son insuficientes y discriminatorias, porque ni los gobiernos federales, estatales o municipales han aportado históricamente un presupuesto respetable para atender la deuda histórica que se mantiene con las comunidades originarias. Tan solo como ejemplo, en Michoacán, para la “atención» de los pueblos indígenas, por medio de la recién creada Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Congreso del Estado destinó para el 2018, el capital de 22,409,289  lo que representa el 0.26% del total del presupuesto de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Descentralizada, el cual se destinará en su gran mayoría para el pago de altos salarios a burócratas indígenas y únicamente se destinará la cantidad de 5 millones para el impulso de desarrollo de los pueblos indígenas. La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es categóricamente una institución fallida, inoperante e ineficaz.

Este presupuesto es altamente insuficiente y discriminatorio, toda vez que no corresponde con el número de habitantes que hablan un idioma originario en el estado, mismos que ascendían en el 2010 a la cantidad de 136 mil 608 personas, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán. Es decir, de conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% del total del presupuesto, y no el 0.26 % que como máximo se le asignó en la presente anualidad. El Congreso del Estado, ha destinado un capital miserable para atender las necesidades más básicas de los pueblos originarios, lo que explica las condiciones de marginación y pobreza de las comunidades originarias.

Sin embargo, en un contexto de exclusión y discriminación, los pueblos originarios continuamos como hace más de 525 años en resistencia, dignidad y lucha, eso es lo único que podemos celebrar.

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